La gestión forestal sostenible es la única vía para mantener los bosques vivos, según los propietarios privados de montes, que reclaman incentivos para poder llevarla a cabo y recuerdan que la sociedad no está «pagando» por el 90 % de los servicios que prestan los bosques y sin los que no se podría vivir.
Entre estos servicios que prestan «gratis», destacan la absorción y fijación de CO2, la biodiversidad, el freno a la erosión o la mejora de la calidad del agua, ha dicho en una entrevista con EFE el presidente de la Confederación de Selvicultores de España (COSE), Francisco Carreño.
Para el 10 % restante de lo que generan, como alimentos, madera o resinas, sí que existe mercado, pero, «¿quién paga por la calidad del aire que respiramos o por el águila real que habita en nuestros montes?, ¿cuánto valen?», se ha preguntado Carreño.
España es el segundo país de Europa, por detrás de Suecia, con mayor superficie forestal, que ocupa el 55 % del territorio nacional y que, a su vez, está, en un 70 %, en manos de propietarios privados que reclaman el apoyo de la sociedad para poder mantenerla.
La falta de rentabilidad afecta a muchas explotaciones forestales y, consecuentemente, pone en riesgo su pervivencia y, por ende, la de los bosques, según Carreño, que ve imprescindible que se establezcan estímulos económicos que hagan posible llevar a cabo esa gestión sostenible que se necesita.
Estos se pueden establecer vía mercado, por ejemplo, permitiendo que los bosques ya existentes participen en los mercados voluntarios de CO2; o calificándolos como «bienes públicos» aunque estén en tierras privadas.
Gestionar es fundamental para, por ejemplo, evitar que los incendios alcancen la virulencia y dimensiones vistas este verano o para elevar la capacidad de absorción de CO2, pues está comprobado que cuando una masa forestal está cuidada, duplica o triplica su capacidad de captación de emisiones, ha subrayado.
Gracias a esa gestión, ha apuntado, se podría reforzar el papel de los bosques en la lucha contra el cambio climático sin tener que llevar a cabo plantaciones que equivaldrían a cubrir toda España de árboles.
Pacto de Estado Forestal
En su opinión, si la situación se ha degradado tanto se debe al cortoplacismo político, el desprecio y abandono del mundo rural, la falta de coordinación entre las administraciones y el giro hacia una sociedad sin compromiso intergeneracional, en la que nadie hace nada pensando en los demás.
«Estoy seguro de que si alguna de estas cosas cambiara, todo sería diferente», ha aseverado Carreño, que ha reclamado un pacto de Estado forestal para que la protección de los bosques no dependa del gobierno de turno.
En su opinión, planes como el de la Unión Europea de plantar 3.000 millones de árboles son un ejemplo de «política cortoplacista que sólo busca generar titulares» y centrarse sólo en plantar es un despropósito porque «ya hay superficie forestal de sobra» y lo que se necesita es gestionarla para evitar que crezca de forma descontrolada ante el éxodo rural.
Por ello, desde COSE reclaman apoyo como parte de la actividad agraria y una nueva Ley marco de Fomento de la Actividad Forestal que promueva, entre otras cuestiones, una fiscalidad adaptada a sus características, una contabilidad específica que cuantifique la provisión de servicios ecosistémicos o la promoción del contrato territorial.
Además, piden que se reconozca el papel de los selvicultores en la provisión de servicios ecosistémicos, como la conservación, mantenimiento y mejora de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y su mitigación, la provisión de agua, la regulación del ciclo hidrológico y las inundaciones o el control de la erosión y la desertificación.
Asimismo, abogan por la activación del Fondo Forestal Nacional y que se habiliten mecanismos para la materialización de los pagos por servicios ambientales.
fuente: COSE